Opinión

Asuntos de interés

Medidas económicas y sociales durante y posterior a la pandemia.

Actualmente la pandemia de la Covid-19 es el tema con mayor atención tanto a nivel mundial como nacional. No obstante, considero pertinente trasladar el debate hacia un punto que prioritariamente debe llamar nuestra atención; las medidas para evitar graves consecuencias económicas y sociales durante y posterior a la pandemia.

 

Recientemente fue radicado el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, que nos brinda un mirada más certera y real del panorama actual y un futuro cercano. En el documento se evidencia que la amortiguación de los programas sociales de transferencias monetarias ha sido progresiva y efectiva; por ejemplo, los deciles más bajos de la población (hogares más vulnerables) ven compensado su ingreso perdido entre un 90% y 60%.

 

Allí también se encuentra plasmado el plan financiero para el 2021, que garantiza la sostenibilidad, reactivación y repotenciación de la economia; se proyecta que el crecimiento del PIB real el próximo año podría ser del 6,6%, lo que nos ubicaría en un contexto altamente favorable.

 

Con lo anterior, se hace evidente que el Gobierno Nacional ha dado pasos agigantados con antelación, cumpliéndole al pacto fundamental de la equidad. Desde el legislativo debemos hacer un esfuerzo aún mayor, garantizando el cumplimiento de todas las medidas y buscando cada día soluciones que nos permitan avanzar.

 

Próximamente será radicado el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021. Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto caerá 5,5% este año y el déficit fiscal alcanzará el 8,2% del PIB –el más alto de la historia-, debemos actuar con responsabilidad siendo conscientes de la situación. Las propuestas deben ser aterrizadas y viables, ¡no es proponer por proponer!

 

Por otra parte, debo decir que desde mi bancada hemos radicado más de 138 proyectos de Ley. Muchos de ellos, encaminados precisamente a evitar consecuencias económicas y sociales. Particularmente quiero resaltar dos: i) convertir ingreso solidario permanente y ii) mantener el impuesto a los salarios de congresistas, que propusimos desde hace varios años.

De igual forma, el ejecutivo radicó varias iniciativas que debo resaltar, como el proyecto de Ley de emprendimiento y el proyecto que busca brindar alivios financieros a pequeños y medianos productores del campo, y que desde ya cuentan con todo mi apoyo.

 

Para finalizar, debo decir que estoy plenamente convencido que el trabajo conjunto es lo que nos permitirá salir adelante en esta situación. Convido a todos mis compañeros, y general a toda la población, a que nuestro grano de arena sea el actuar de manera propositiva y aterrizada, buscando constantemente la mejora de las condiciones de vida de todos.

Acerca de los 3 días sin IVA

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, el Presidente Iván Duque y su equipo han implementado medidas en pro del bienestar de la población; particularmente, se aceleró la implementación de la devolución del IVA a los mas vulnerables y se creó ingreso solidario, por citar solo algunos ejemplos.

 

Recientemente, el Decreto Legislativo 682 de 2020 aceleró y reglamentó los días tres sin IVA, medida que fue aprobada en la Ley 2010 de 2019. Esta es una propuesta del Centro Democrático, y que venimos promoviendo desde hace varios años. Precisamente el año pasado alcanzó a radicarse el proyecto de ley, sin embargo, se consideró oportuno incluirla en la Ley de crecimiento económico teniendo en cuenta que los objetivos se encontraban alineados.

 

Hay varios factores positivos que debemos resaltar de esta medida adoptada. En primer lugar, no cabe duda de que es un alivio económico para las familias, particularmente las más vulnerables, que podrán adquirir vestuario, electrodomésticos, juguetes, útiles escolares, y muchas cosas más, incluso se encuentran incluidos insumos agropecuarios (¡qué buena noticia para nuestros campesinos!). En segundo lugar, la medida es oportuna si tenemos en cuenta que el comercio debe ser reactivado; hay mucho inventario y poca liquidez, lo que esta afectando el desempeño económico del país y tiene en alza el desempleo. En adición, considero que reinventarse es una necesidad para el sector, por lo que el E-commerce (comercio electrónico) es una medida sensata y, ante el aislamiento, los días sin IVA se encuentran ajustados para este canal de transacción.

 

También es preciso decir que esta medida tiene una reglamentación que permite el aprovisionamiento, pero restringiendo monto y cantidades, es decir no da pie al acaparamiento.

 

Por otra parte, si bien hay quejas de consumidores por el alza de precios en diferentes comercios para ganarse la diferencia de precios, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- se encuentra atenta para no permitir que los derechos de los consumidores sean vulnerados; de hecho, ya se encuentra disponible la App PQRFS SIC para atender todas las quejas.

 

Medidas que favorezcan la inclusión y brinden mayor equidad a todos los colombianos, y particularmente a los más vulnerables son las que necesitamos en este país, por ello puedo decir con toda seguridad que vamos por buen camino.

 

¿Usted cree que el Congreso de la República ha dejado solos a los alcaldes en la lucha contra la centralización de los recursos?

Pienso que, más que el Congreso, ha sido el Gobierno de Juan Manuel Santos el que durante 8 años ha dejado a un lado el proceso de descentralización.  Un claro ejemplo de ello es la ley orgánica 1454 de 2011 de ordenamiento territorial, la cual no le otorga más autonomía a las regiones, sino que las convierte en un mero ente administrativo, financiado con recursos de los departamentos y municipios que las conforman.  Desde el Congreso de la República, debemos trabajar en el desarrollo de una ley que dé una verdadera autonomía administrativa y presupuestal a los municipios, siguiendo los lineamientos propios del artículo 311 de la Constitución Política para subsanar las dificultades existentes en el Sistema General de Participaciones.

 

 

Agua potable para el Magdalena.

Al referirnos al acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, describimos una problemática que los samarios viven día a día, ya que este no garantiza ni acceso ni calidad desde hace muchos años y las administraciones no han logrado darle una solución. Pero este tema no es reciente. Según una evaluación integral, realizada por la Superintendencia de Servicios en 2015, la ciudad enfrenta serias deficiencias debido a que “no se han realizado las inversiones necesarias para garantizar la demanda de agua por parte de la ciudadanía, a las altas pérdidas del sistema de acueducto, y a que la cobertura de este mismo servicio no cubre a toda la población samaria, (…)”. Actualmente, el panorama no ha mejorado, pues las fallas en el sistema son constantes, tal y como lo expresa la comunidad.

 

En 2017, el DNP sostuvo que la cobertura de acueducto en Santa Marta alcanzaba el 83%, el alcantarillado sanitario el 76% y el pluvial 19%. Sin embargo, un agravamiento de estas cifras es el porcentaje de aguas perdidas, que alcanzaron el 58%, lo que posiblemente se deba a que ni el acueducto ni el alcantarillado cumplen con los requisitos mínimos de optimización y salubridad establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 005 de 2000).

 

Por otro lado, el estudio “La pobreza en Santa Marta: Los Estragos del Bien”, realizado por Meisel y Ricciulli (2018), concluye que “las inundaciones y los malos olores terminan afectando la calidad de vida de la población, así como la actividad turística del sector”.

 

Lo anterior, debe analizarse con cautela debido a que el turismo es uno de los principales motores de la economía distrital. La actividad de hotelería y restaurantes representa una importante fuente de empleo formal, lo que permite entrever que este problema necesita de soluciones estructurales debido a que hasta nuestra economía magdalenense podría encontrarse en riesgo.

 

Ahora bien, este asunto no es solo local. El Magdalena es el departamento con la mayor población con acceso a agua inviable (101.871 personas). Además de ello, es el segundo departamento, después del Tolima, con el número más alto de municipios que poseen agua no apta para el consumo humano (5 y 3 respectivamente). Como si fuera poco, el municipio de Sitionuevo registró en 2016 el mayor IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua), colocándolo como la población con peor agua en Colombia. Actualmente persiste esta catalogación.

 

Con el anuncio del acueducto regional, el cual se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los magdalenenses por fin notamos una luz al final del camino, cuyo principal propósito es ponerle fin a un problema que aquejamos y arrastramos desde hace mucho tiempo.

 

Por el momento se ha definido que la modalidad de realización será una Alianza Público Privada (APP) para la construcción del Acueducto Regional, el cual llegará a Ciénaga, Pueblo Viejo y eventualmente a la Zona Bananera y Aracataca. La inversión será cercana a los $600 mil millones y permitirá obtener 1.500 litros de agua por segundo de los ríos Toribio y Córdoba para subsanar el déficit del vital elemento.

Avances en materia de vivienda.

 Como es de amplio conocimiento, el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para el cuatrienio 2018-2022, pues allí quedaron plasmadas las principales metas del gobierno. Una de las más ambiciosas es la política de vivienda, que buscar reducir el déficit cuantitativo de 5,22% al 4% en zonas urbanas, al igual que el cualitativo del 9,75% al 8,5%. También bajarlos del 51,6% al 48,2% en el área rural.

 

Para lograr lo anterior, se han diseñado estrategias y programas ambiciosos pero realizables. El primero de ellos es “Casa Digna Vida Digna”, iniciativa que promueve la tenencia formal de predios apoyando la titulación de estos; acceso a servicios públicos a través de conexiones intradomiciliarias, así como intervención por etapas mediante la transformación de viviendas y el mejoramiento del entorno. La meta son 600 mil mejoramientos habitacionales, de los cuales 225 mil corresponden al Ministerio de Vivienda y los restantes al DPS y al Ministerio de Agricultura. En este programa, se escogieron 12 ciudades participantes para el año 2019, siendo Santa Marta y Riohacha beneficiarias.

 

En Santa Marta, el programa ha permitido iniciar la ejecución de un parque recreodeportivo que favorecerá a 1.310 familias de la urbanización parques de Bolívar, y que tiene una inversión de $968 millones por parte del Gobierno Nacional. En adición, se firmó un convenio para realizar mejoramientos en un total de 11 barrios de la ciudad. El 26 de septiembre, se inició la segunda convocatoria de beneficiarios que cuenta con 400 cupos en 21 sectores seleccionados. Serán más de 3.000 los beneficiados de estas obras entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

 

Por otro lado, en Riohacha se ha priorizado el mejoramiento de 400 viviendas, con una inversión de $2.000 millones por parte del Gobierno Nacional. Otras zonas de La Guajira también se han favorecido, pues se dio entrega de dos parques en los municipios de Barrancas y Maicao, que permitirá elevar la calidad de vida de 3.000 habitantes de las urbanizaciones Villa Rosa y Altos de Parrantial.

 

Otra de las iniciativas es “Mi Casa Ya”, dirigida a los colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva y que no sean propietarios. Estos podrán ser beneficiarios de un subsidio de cuota inicial o de un subsidio a la tasa de interés. La meta nacional durante el cuatrienio es de 255 mil subsidios en total. En La Guajira hemos avanzado y es así como desde el inicio del Gobierno se han asignado 68, por un valor de 1.584 millones.

 

También debo mencionar el programa “Semillero de Propietarios”, donde las familias podrán acceder a un arriendo subsidiado en una vivienda digna; a la vez que se promueve el ahorro social para ejercer una opción de tener un inmueble digno y propio. La meta para el cuatrienio es tener 200.000 hogares beneficiarios. En el Magdalena se han inscrito 1.123 hogares, mientras que en La Guajira 672.

 

Curules para las Farc

 

Recientemente fue aprobado en el Senado de la República un acto legislativo que premia a los narcoterroristas con 10 curules en el Congreso de República, las cuales serán entregadas a dedo y de manera directa a estos bandidos. Así mismo, contarán con 16 lugares por cuenta de las “zonas de circunscripción especial”.

 

Todo parece indicar que a los senadores y representantes que votaron a favor de este proyecto, representan a las Farc y no al pueblo colombiano.

 

Es importante resaltar que lo allí aprobado no solo atenta contra la democracia, la constitución y las leyes de Colombia, sino que además vulnera el derecho a la igualdad para la conformación de los partidos minoritarios.

¿Qué está pasando en La Guajira?

Increíble la normalidad con la que la violencia se ha acentuado en nuestra cotidianidad, especialmente para Los Guajiros, donde la violencia parece ser el pan de cada día. Tan solo basta abrir cualquier diario de circulación departamental para constatar lo aquí expuesto; cuerpos con signos de tortura, con disparos en la cabeza, etc., solo reafirman que la situación amerita de medidas urgentes.

 

Surgen ciertas dudas, por ejemplo, ¿desde cuándo empezó esto? Para responder esta pregunta, resulta necesario realizar un análisis integral de las series, que, por motivos de extensión, no es posible realizar, no obstante, trataré de hacer ciertos acercamientos centrándome en los últimos años.

 

En primer lugar, se debe mencionar que la tendencia de los homicidios departamentales alcanzó su punto mínimo -de los últimos 10 años- en el año 2014 con 147 homicidios, sin embargo, a partir de allí la tendencia empezó a incrementar deliberadamente, alcanzando la cifra de 221 homicidios en el año 2017, cifra equivalente a la de 2018, tal y como lo muestra el siguiente gráfico.

Ahora bien, si se analiza los casos de Riohacha y Maicao, estos son los Municipios que más aportan –tristemente- a los homicidios departamentales, en otras palabras, “los halonadores”. En promedio, su participación anual en los casos de homicidios es del 71,5% del total de casos y tan solo en el año 2018, esta cifra alcanzó el 73,8%.

 

En el caso de Riohacha, la situación ha permanecido estable, con un leve incremento en los casos de homicidios si comparamos abril de 2019 frente al año pasado, con un total de 17 casos vs 15 casos de homicidios. Contrario sucede en Maicao, que según la base de datos de la policía (disponible desde 2010), el municipio nunca había llegado a la cifra de 100 homicidios anuales, valor que ya alcanzó desde el 2017 y que se mantuvo en 2018.

 

Para abril de 2019, a nivel departamental se reportan 66 homicidios, cifra que ya supera la de 2018 para la misma época (64 casos). No podemos permitir que la violencia se apodere de nuestros territorios. Los Guajiros se encuentra cansados de los llamados reiterativos a las autoridades, sin que hasta el momento se evidencie algún avance en materia de seguridad. Por ello, resulta necesario que se tomen medidas de intervención definitivas por parte de las autoridades.